Representantes de ocho asociaciones, entre las que se incluye al sector de la discapacidad, han denunciado que “la dependencia ha vuelto a la familia y, además, nos genera deudas”.

 

Durante una asamblea con el aforo del cine Carlos III completo y una posterior manifestación, que ha contado con la participación de más de mil personas, hasta la sede del Gobierno de Navarra, se ha recalcado que desde la puesta en marcha de la ley, esta se ha visto sometida a múltiples recortes, implanta el copago, lo que supone una amenaza para su carácter universal y, pese, a reconocer las prestaciones como un derecho, “la ciudadanía no lo ha asimilado como tal”.

 

La Plataforma "Mayores Frente a la Crisis” y el CORMIN representan a dos colectivos especialmente afectados por la injusta aplicación de la ley. Ambos han logrado unirse para hacer frente, denunciar y sensibilizar ante la repercusión negativa que los recortes y las decisiones de los gobiernos central y foral están teniendo en un sector social que, tal y como se destacó ayer, suma los 119.000 habitantes mayores de 65 años que hay en Navarra, más del 18%, de la población.

 

Desde la entrada en vigor de la ley en 2007, según los últimos datos del departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, correspondientes a enero de 2015, un total de 34.933 personas han solicitado la valoración de dependencia, de las que cuales hay 17.250 personas vivas y el resto han fallecido. De estas 17.250 personas, tienen valoración 16.876, de las 9.244 (55%) tienen derecho a prestación (grandes dependientes 3.287; dependientes severos, 4.922; y 1.035 moderados nivel 2).

 

No tienen derecho a prestación un total de 7.632 de las personas valoradas (4.042 moderados y 3.590 no dependientes). Las 9.244 personas con derecho a prestación se distribuyen del siguiente modo: 8.384 (el 90,70%) son personas beneficiarias de prestaciones; 532 se encuentran en lista de espera (más de seis meses) y otras 328 se encontraban “en espera de prestación" que cobrarán en las próximas semanas porque han vencido los seis meses.

 

 

El presidente del CORMIN, Javier Miranda, ha presentado ante los asistentes y los medios de comunicación, la ILP del CERMI Estatal contra el copago con el fin de lograr las 500.000 firmas que se necesitan para que se tramite en el Congreso de los Diputados. La ILP plantea modificar la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia vigente desde 2007 y establecer criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social.

 

El presidente del CORMIN, haciendo propias las palabras del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha indicado que “la ley de dependencia se nos anunció como una conquista social, pero su aplicación ha sido decepcionante”, y ha destacado que “la discapacidad tiene una parte de dependencia, pero nosotros luchamos, además, para no llegar a la situación de dependientes y lograr las más altas cotas de autonomía”.

 

El deseo del movimiento social de la discapacidad organizada en el CORMIN y en el CERMI, quiere que la ley concrete cuales son las reglas del copago, porque “con la excusa de la crisis se ha utilizado para imponer una aportación económica absolutamente inasumible”, ha asegurado Miranda. “Aceptamos el copago pero con unas reglas justas, con un máximo exento, en el que personas con una capacidad económica que no supere en 2,5 veces el IPREM (532,51 euros mensuales) no paguen nada, y con unos criterios de aplicación iguales para todo el Estado".

 

Todas las personas que asistieron a los actos de ayer pudieron escuchar que “el copago es confiscatorio y perverso, porque si no tienes dinero para asumir el coste del servicio te ves expulsado”. En opinión del CORMIN es un mecanismo injusto que está forzando a personas dependientes a salir del sistema.

 

Al final de su intervención, Miranda ha denunciado que la ley de la dependencia estaba llamada a consagrarse “como una gran conquista social, pero luego hemos visto que no, que incluso ha empeorado en lugar de avanzar sobre todo por el impacto brutal de la crisis y por las políticas de austeridad que han aplicado todas las administraciones cebándose con los más desfavorecidos”.

 

Una vez que la nutrida manifestación llegó a su destino, representantes de todas las organizaciones que participaron en ella, entregaron en el registro del Gobierno de Navarra un manifiesto conjunto con el fin de que sus demandas sean atendidas.

 

El CORMIN es el agente social de la discapacidad en Navarra. Actualmente está constituido por 12 asociaciones y 2 federaciones del sector. La base social representada en la entidad está compuesta por las 45.000 personas con discapacidad de Navarra y por sus familias.